Cuando se jubiló, le correspondió una pensión muy pequeña, incluido cónyuge a cargo. Había sido autónomo los últimos años y las pensiones para este colectivo eran irrisorias.
Seis años después, mi madre cumplió sesenta y cinco años y
fue, acompañada de mi hermano, a solicitar su pensión. Por una serie de circunstancias
largas de explicar, en lugar de una pensión de jubilación, le correspondía la
llamada del SOVI (seguro obligatorio de vejez e invalidez), por un importe que equivaldría a 250 euros. Mi hermano le preguntó al funcionario de turno si había
que realizar alguna modificación en la pensión de mi padre, ya que cobraba por
cónyuge a cargo. La respuesta fue negativa, el SOVI no se consideraba (falso)
una pensión contributiva.
Transcurrió el tiempo, y un día recibió una carta de la
Seguridad Social reclamándole el pago de lo que había estado cobrando indebidamente
los últimos diez años, por cónyuge a cargo, con intereses por supuesto.
Le embargaron la cuenta, tuvimos que recurrir porque una
pensión inferior al salario mínimo profesional no se puede embargar. Lo pusimos
en manos de un abogado amigo, que no cobraba honorarios, pero un año después
perdimos el juicio y decidimos no continuar porque, para hacerlo, había que
hacer un depósito en previsión de la condena en costas.
La sentencia, la misma que cuenta David González en Twitter «Ignorantia
juris non excusat», la ignorancia de la ley no te exime de cumplirla.
Como mi padre no disponía del dinero que le exigían, le
concedieron pagar la deuda en cómodos plazos que le descontaban, cada mes, de
su ya exigua pensión.
Los funcionarios desinformados, que no sólo no ayudan sino
que hacen un grave perjuicio a las personas a las que atienden, abundan en
nuestro sistema público a todos los niveles y, como siempre, las consecuencias
las sufren otros.
Acabo esta historia contando una triste curiosidad. A mi padre le dedujeron el
último pago en la pensión que le abonaron en agosto de 2004
y falleció el 8 de septiembre.
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